SEGUROS CANCELACIÓN

Seguros de cancelación en tiempos de pandemia

Desde que el 21 de Junio se decretara el fin del estado de alarma en España el desplazamiento volvió a ser libre dentro del territorio nacional y además, supuso la apertura de fronteras internacionales. Tras eso, muchos ciudadanos se abalanzaron a reservar vuelos para sus merecidas vacaciones, o bien porque volvían a sus países de origen o de residencia habitual, o bien por motivos de trabajo, etc.

Muchas aerolíneas vieron el filón de la pandemia para vender mucho más seguros de viaje, a través de la compra de billetes, en colaboración con empresas especializadas, que incluían «cancelaciones», entre otras cosas, aprovechando el temor de muchos usuarios que habían perdido dinero por vuelos cancelados por el coronavirus o, en el menos malo de los casos, que aún seguían esperando el reembolso de un dinero que a día de hoy sigue sin llegar.

En una de estas lamentables situaciones se encontraba la persona que nos contactó y que adquirió este tipo de seguros.

SEGUROS DE CANCELACIÓN
Foto @Gestiona.2Go

Esta persona tenía que volar a Dinamarca a mediados de Agosto, pero las autoridades danesas a principios del mismo mes prohibieron las entradas desde España por los altos contagios que se producían en nuestro país. Dicha usuaria, durante el proceso de compra de los billetes, para ella y su hijo menor de edad, vio las siguiente oferta:

Dicha persona, al no ver el típico asterisco de consultar condiciones, decidió contratar los seguros de cancelación por si el vuelo lo suspendían, sobre todo en estos tiempos tan inciertos. Y previó correctamente porque a las semanas Dinamarca anunció la denegación de entrada de viajeros procedentes de España… lo que no previó fue la mala jugada de la empresa aseguradora con la que contrató los seguros de cancelación cuando reclamó el dinero de los billetes. La empresa se negaba a tal devolución y aludía así a un artículo dentro de sus condiciones:

Artículo segundo de la Garantía de anulación del seguro de cancelación: Queda excluido del seguro con carácter general las anulaciones producidas como consecuencia de: […]

5. Epidemias, pandemia, cuarentena, polución o contaminación, y catástrofes naturales.

Desde Gestiona2Go! consideramos que sí procedería la devolución del dinero de los seguros contratados por los siguientes motivos, basándonos en la Ley 50/1980 de 8 de octubre de Contrato de Seguro (LCS) y en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU) y otras leyes complementarias.

Primero-. El artículo 3 de la LCS establece que «(…) Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito (…)».


· Resultado: en el caso a aplicar, la persona no había aceptado nada por escrito al contratar los seguros de cancelación, simplemente recibió (por imposición) un email de confirmación del pago de la prima de dichos seguros junto con el folleto informativo redactado en inglés y no en el idioma del país del asegurado, en este caso, en español.

Segundo-.  El artículo 80.1 de la LGDCU establece que «En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente (…), aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.


· Resultado: las especificidades de las condiciones excluidas fueron enviadas por email después de pagar los seguros de cancelación, en un archivo adjunto y en inglés; en el mismo correo se había citado un mensaje inglés en el que se incluía un enlace para poder descargar el folleto en español (pero nadie tiene por qué saber inglés para poder haber descubierto esto). En este caso, la aseguradora también había incumplido la normativa al haber reenviado a un texto a través de un enlace dentro de un correo redactado en otro idioma. Todo ello también causó el hecho de que perdiera el plazo del derecho de desistimiento del contrato de seguro.

b) Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido. En ningún caso se entenderá cumplido este requisito si el tamaño de la letra del contrato fuese inferior al milímetro y medio o el insuficiente contraste con el fondo hiciese dificultosa la lectura.


· Resultado: no fue fácil acceder a la información, ni legible, ni accesible a todas las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado e, incluso las condiciones de los supuestos incluidos en la cobertura, estaban plagados de remisiones a párrafos, cuyo tamaño de la letra era de dudosa legalidad, que también limitaban la aplicación de dichos supuestos incluidos en la cobertura.

c) Buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas».


· Resultado: teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación (pandemia mundial), la incertidumbre que puede generar en la gente la posibilidad de que sus vuelos sean de nuevo cancelados, que los países de destino decidan cerrar sus fronteras antes de que se produzca el viaje… todas estas razones impulsan a los usuarios a adquirir más que nunca seguros de cancelación. Por ello, se espera que la exclusión por motivos de pandemia venga resaltada en dichos seguros, de modo que el asegurado la pueda identificar fácilmente (letras más grandes o en negrita). El hecho de no hacerlo es definitivamente tener mala fe.

La Orden ECC/2502/2012 de 16 de noviembre establece que para poder tramitar la reclamación en la Dirección General de Seguros, Fondos y Pensiones (DGSFP) , previamente el reclamante tiene que haberla tramitado con el Defensor del Asegurado de la compañía reclamada, el cual dispondrá de un plazo máximo de dos meses para su contestación, pasados los cuales, si no se recibiera contestación alguna o se diera negativa a las pretensiones del reclamante, éste ya podría redirigirla a la DGSFP que tendrá cuatro meses para su resolución.

No obstante, aquí tenemos que incidir que, aunque la resolución final de la DGSFP fuera a favor del asegurado, no es una decisión vinculante, pero podría ser de ayuda de cara a un posible juicio.
Si estás en unas circunstancias similares y quieres saber cómo proceder, ¡anímate a contactarnos!

Equipo Gestiona2Go!

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